Las políticas públicas de inclusión en México son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades, combatir la discriminación estructural y promover la justicia social. Estas acciones permiten reconocer y proteger los derechos de grupos históricamente marginados por razones de género, orientación sexual o identidad diversa.

Por otro lado, es importante la adopción de un enfoque de cuidados, con el objetivo de buscar la redistribución de la carga del trabajo no remunerado, el cual recae desproporcionadamente sobre las mujeres, inhibiendo su autonomía y desarrollo integral. El reto para hacedores de políticas y para académicos es cómo fortalecer el tejido social y avanza hacia un modelo de bienestar más equitativo para toda la población