COMUNICADO PÚBLICO
Investigadoras e investigadores del proyecto ¨Región Transfronteriza México-Guatemala. Dimensión Regional y Bases para su Desarrollo Integral¨ (www.rtmg.org). A título personal.
La caravana de personas migrantes procedentes de Honduras es la abierta expresión de la grave crisis social e institucional que vive este país. La carencia de oportunidades materiales, la fragilidad de sus instituciones de gobierno, la inseguridad pública y la violencia, son factores que fuerzan el movimiento migratorio hacia otros lugares en búsqueda de alternativas de vida para un sector importante de su población.
Los eventos del día 19 de octubre de 2018, en el puerto fronterizo de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en donde la Policía Federal fue apostada en el puente internacional para frenar el ingreso de la caravana a territorio mexicano, no fue una decisión correcta considerando que en esa movilización se encontraban niñas, niños, mujeres y miles de personas en condiciones precarias y con desesperanza.
La contención de migrantes es impropia e inútil por la vía de la fuerza policial o de muros fronterizos. Esta política tiene por habitual resultado la violación de los derechos humanos, como demuestra la propia experiencia mexicana.
Históricamente, la política internacional de México ha tenido por valores la hermandad y la solidaridad entre los pueblos, así como la indeclinable defensa de los derechos humanos. Invitamos a las instituciones del Estado mexicano a recuperar con firmeza estos principios, que hemos defendido para nuestros connacionales que han migrado hacia los Estados Unidos y que además hemos reivindicado para los pueblos de Centro y Sudamérica en diferentes etapas de nuestra historia, lo cual ha sido motivo de orgullo nacional.
Ante la crisis migratoria que tiene particular crudeza en Honduras, la única alternativa eficaz es el desarrollo social y la promoción de la calidad de vida, sobre todo enfocada a la niñez y juventud. El Estado mexicano está ante la urgencia de construir un liderazgo internacional propio –ajeno a las presiones de raíz xenofóbica que caracterizan al actual gobierno de los Estados Unidos– para promover una alianza entre los Estados involucrados y con otras naciones del mundo dispuestas a la cooperación. El propósito sería implementar programas efectivos de desarrollo local en Centroamérica, con prioridad en Honduras, los cuales tienen efectos positivos en el corto plazo, a pesar de los argumentos en contrario de quienes promueven la contención migratoria por la vía de la fuerza.
El desafío es complejo y requiere importantes recursos económicos y gestión política internacional. Una estrategia de desarrollo con estas características debe incluir de manera central a la región frontera sur mexicana, que inevitablemente está ya enlazada con el destino de las poblaciones y economías vecinas de Guatemala, El Salvador y Honduras. Este mapa ampliado de la frontera sur ya no es optativo, sino parte tangible de una realidad crecientemente compartida. Los eventos del pasado 19 de octubre y su secuencia ratifican el rol estratégico que la frontera sur tiene para la Nación y para nuestra relación con los países vecinos.
En lo inmediato, ante la emergencia humanitaria de las personas que se encuentran en tránsito por México, demostremos que nuestros principios y valores son vigentes, que los derechos constitucionales son efectivos no obstante la circunstancia migratoria, y que gobiernos y sociedad civil somos capaces de solidaridad y congruencia con independencia de las presiones externas.